Manuel Pulgar-Vidal

El Niño nos golpea y lo hace con severidad, como lo ha hecho desde épocas prehispánicas. Se trata de un evento natural de variabilidad climática que hoy se entiende por la estrecha interacción entre el océano y la atmósfera, y por la presencia de un conjunto de factores vinculados no solo al incremento de la temperatura superficial del mar. A su vez, se interpreta que ha incrementado su recurrencia y severidad debido al cambio climático, en especial por los procesos continuos de evaporación que generan mayor humedad, lo que acrecienta el impacto de las lluvias.

Hoy la globalización nos quiere privar de su historia. Los países del norte solo lo reconocen cuando se presenta en la zona central del Pacífico Sur (llamada Región El Niño 3-4) porque tiene efectos globales, pero muestran poco interés cuando se presenta ahí donde se originó su nombre: en nuestras costas compartidas con Ecuador (llamada Región de El Niño 1-2), y que nos trae los niveles de desastre local que hoy sufrimos y que, aunque hasta hace poco se le denominaba como “fenómeno”, hoy se sabe que es un evento recurrente cuyo nombre técnico es ENOS (El Niño Oscilación Sur).

Sorprende por ello que nos sorprenda. Y como sabemos que volverá más temprano que tarde, vale la pena pensar en principios básicos para una política de Estado para Niños, para no tener que lamentarnos como lo hacemos ahora.

Partamos por reconocer que con la naturaleza no se juega. No la dominamos y, más bien, debemos entenderla y adaptarnos a ella e interiorizar que la prevención del riesgo de desastres debe ser una política de Estado que debe practicarse continua y activamente en el marco de la política 32 del Acuerdo Nacional sobre Gestión del Riesgo de Desastres y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, adoptado en el sistema de las Naciones Unidas en el 2015.

Para ello debe fortalecerse la institucionalidad a cargo de la información y la prevención, la que debe tener acción permanente y puertas abiertas para llegar al más alto nivel de decisión política, es decir, al presidente de la República. El mandatario debe atender los requerimientos de equipamiento no solo para los desastres sino especialmente para la prevención.

Pero no lograremos avanzar si no somos capaces de continuar con acciones concretas de responsabilidad climática y ordenamiento territorial, que desde la capacidad instalada del Ministerio del Ambiente debe llevar al desarrollo de los estudios de riesgo de desastres frente al cambio climático. Renunciar a ello, como se viene planteando en la actualidad, sería imperdonable.

Solo sobre esa base comprenderemos que la reconstrucción y el futuro desarrollo de proyectos de infraestructura se debe hacer en el marco de un plan de adaptación en donde la resiliencia es el objetivo a alcanzar. Todo ello a fin de no construir pistas y puentes ahí donde el siguiente evento los destruirá. En ese sentido, la contratación de seguros de resiliencia de infraestructura se convierte en una necesidad urgente y, a su vez, la declaratoria de estados de emergencia climática para promover planes de prevención futuros permitiría mejorar nuestro accionar.

En el aspecto educativo, la información y la popularización de la meteorología en las escuelas deben ser un elemento central. Las guías educativas desarrolladas por el Senamhi en el 2015 deben formar parte del currículo escolar.

Somos una república con casi 200 años de historia, suficientemente adulta para evitar que un Niño nos sorprenda. No permitamos que la incertidumbre y la desazón nos invadan nuevamente. No lo merecen los que hoy sufren.


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