Juan Carlos Sanz

La denominada Comisión de Investigación Independiente considera en su informe que “el ataque del pasado 23 de diciembre supone un crimen de guerra al acabar con recursos indispensables para la supervivencia de la población civil”. Las pesquisas han sido dirigidas por un equipo de juristas de la ONU presidido por el brasileño Paulo Pinheiro, e integrado por la suiza Carla del Ponte (exfiscal del Tribunal para la Antigua Yugoslavia) y la estadounidense Karen Abuzayd.

El bombardeo, que también destruyó los depósitos de cloración, se produjo a pesar del acuerdo de alto al fuego acordado entre las fuerzas gubernamentales y los combatientes rebeldes, que controlaban el manantial desde 2012, y que no fue reconquistada por el Ejército hasta finales de enero. Los investigadores verificaron que “los residentes en la zona de Barada bebieron agua sin que nadie presentara síntomas de envenenamiento”.

“Los amplios daños causados por los bombardeos tuvieron una impacto devastador sobre los civiles, tanto en zonas bajo control gubernamental como de la oposición, que se vieron privadas de acceso regular a agua potable durante más de un mes”, concluye el informe de la comisión, que también denuncia los crímenes de guerra cometidos por el Ejército del régimen por la destrucción de infraestructura sanitarias.

Este último de la comisión de la ONU —que cubre el periodo entre el 21 de julio de 2016 y el 28 de febrero de 2017— se conoce dos semanas después de que la comisión denunciara que la aviación siria había bombardeado deliberadamente un convoy con ayuda humanitaria, matando a 14cooperantes, en septiembre de 2016.


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