César Romero

En la disposición fiscal Nº 8, donde se amplían los cargos contra el ex presidente Toledo por delito de colusión, además del de tráfico de influencias y lavado de activos, el fiscal supraprovincial Hamilton Castro indica que en el pago de coimas en el Perú en la Interoceánica y el Metro de Lima participaron hasta seis empleados o funcionarios de Odebrecht encargados de operar la División de Operaciones Estructuradas.

El empleado 1 aprobaba los pagos corruptos hasta el 2009, el empleado 2 era el encargado de justificar y desembolsar los pagos con fondos no declarados por la empresa, y el empleado 3 se encargaba de supervisar los pagos. El empleado 4 estaba a cargo de las operaciones financieras para realizar los pagos complejos y considerables fuera de Brasil, el empleado 5 supervisaba que se realizaran los pagos ilícitos y el empleado 6 supervisaba a los directores de la empresa en otros países y, como tal, aprobó los pagos corruptos a funcionarios y políticos extranjeros.

Se trataría, dice el fiscal, de una estructura flexible, con número reducido de integrantes y una alta especialización, que se encargaban de realizar “complejas operaciones de transferencia de dinero a través de estructuras offshore y el sistema financiero internacional, así como el uso de sistemas informáticos y de comunicación como MY Web Day y Drousys y de agentes de apoyo como los llamados “Doleiros”.

 Más investigados

Además, de acuerdo con el documento al que La República ha tenido acceso, el decreto supremo Nº 022-2005-EF del 9 de febrero del 2005 y la reunión de Proinversión del 4 de agosto del 2005, fueron parte de las acciones desarrolladas por el ex presidente Alejandro Toledo para concretizar su pacto ilícito con Odebrecht por los contratos de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur.

Por esto es que el fiscal Hamilton Castro incluye en la investigación al presidente del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, Sergio Bravo Orellana y a los integrantes Alberto Pascó-Font Quevedo y Patrick Barclay Méndez.

Además, citó a declarar, todavía como testigos, a los ministros y funcionarios de Proinversión que participaron en la reunión del 4 de agosto, lo que incluye al actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.

En la lista de citados a declarar como testigos se incluye al el ex gerente de la Oficina Legal de Proinversión, Percy Velarde Zapater, la ex jefa del gabinete de asesores del MEF Cecilia Blume Cilloniz y el abogado Juan Monroy Gálvez.

El accionar de Toledo

La Fiscalía describe que luego de reunirse en noviembre del 2004 con Jorge Barata, el 3 de diciembre del 2004 Proinversión acordó, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28214, establecer la entrega en concesión al sector privado del referido Proyecto (la Interoceánica), encargándose la conducción del proceso al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura.

Esta decisión fue ratificada por Toledo el 21 de diciembre de ese año y al día siguiente se llevó a cabo, en Palacio de Gobierno, la sesión Nº 87 del Consejo Directivo de Proinversión. En ella, con la participación de Toledo, se aprobó el Plan de Promoción de la Inversión Privada para la entrega en concesión al sector privado de las obras y mantenimiento de las redes viales del “Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil”.

Ahí se estableció un cronograma de nueve meses para llevar a cabo la licitación, pero en solo ocho meses el tramo 2 y 3 de la Interoceánica fue adjudicado a Odebrecht. En el camino, el 9 de febrero del 2005 se exceptúo al proyecto de las normas del SNIP.

Y el 4 de agosto del 2005 se da la famosa reunión del 4 de agosto que acuerda rechazar las observaciones de la Contraloría y entregar las obras a Odebrecht.


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