Macarena Vidal Liy

La apertura de las sesiones anuales de la Asamblea Nacional Popular (ANP) en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín es el acontecimiento más solemne del calendario político anual chino. Es una ceremonia con aires de otra época, repleta de la parafernalia del régimen: desde la gigantesca estrella de cinco puntas que pende del techo hasta el escudo nacional que preside las reuniones de casi 3.000 delegados, pasando por las omnipresentes banderas rojas. Este año, la sombra del imprevisible presidente estadounidense se ha deslizado entre la simbología comunista.

Como candidato y al inicio de su presidencia Trump ha mantenido una rectoría hostil contra China. Aunque finalmente se ha desdicho de sus amenazas de acercamiento a Taiwán, la isla autogobernada que Pekín considera parte inalienable de su territorio, ha amenazado con imponer sanciones comerciales a la segunda economía del mundo. El martes pasado, en su propio discurso sobre el estado de la nación, vinculaba la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio en 2001 con el cierre de 60.000 fábricas estadounidenses. Sus posiciones proteccionistas han causado consternación en otros países de la zona.

“El crecimiento económico continúa anémico y tanto la tendencia hacia la desglobalización como el proteccionismo están creciendo”, señaló Li en su discurso. “Los factores que pueden causar inestabilidad e incertidumbre están creciendo visiblemente”.

Una incertidumbre que China ve con especial alarma en un año de transición política: el próximo otoño, si mantiene su costumbre de las últimas décadas, reemplazará por edad a cinco de sus siete máximos dirigentes. Ese proceso acaparará la atención de sus líderes, envueltos en delicadas negociaciones sobre quién ocupa qué puesto, y hará que el régimen anteponga hasta entonces la estabilidad, tanto dentro como fuera de sus fronteras, a cualquier otra posible prioridad.

“La estabilidad del desarrollo económico es primordial para la primera mitad de 2017”, explica el historiador y analista político Zhang Lifan. “El crecimiento económico es la base de la legitimidad del poder político, y si la economía empieza a resentirse, el régimen político puede tener problemas” ante la transición.

El propio primer ministro aludía a ello. “La estabilidad es de primordial importancia”, subrayaba en su discurso. En el terreno interno, “debemos garantizar un crecimiento estable, el mantenimiento del empleo y prevenir riesgos. Para garantizar la estabilidad económica y social generalizada no debemos permitir que se amenacen la seguridad financiera, el bienestar del pueblo o la protección medioambiental”, señaló entre las prioridades de su Gobierno para este año.

Y en el terreno externo, frente al comportamiento impredecible de la nueva Administración estadounidense, Li propuso a su país como modelo de estabilidad. Si Washington se ha retirado bruscamente del TPP, el tratado comercial para Asia Pacífico que negoció durante cuatro años, y amenaza con replantearse su presencia en otros acuerdos e instituciones, “China no cambiará en su compromiso de promover la cooperación económica global”, prometió, reiterando la defensa de la globalización económica que adelantara el presidente chino, Xi JInping, en el foro económico de Davos a comienzos de este año. China -reiteró el primer ministro- “es un país responsable”.

El país se ha fijado un crecimiento económico para este año del 6,5% “o más, si es posible en la práctica”, según adelantó Li. Es una cifra que continúa la tendencia a la baja de años pasados, que reconoce una economía más lenta y con la que el Gobierno quiere curarse en salud para atajar problemas como el exceso de capacidad industrial, la contaminación o el fuerte endeudamiento. En 2016, el país creció un 6,7%, según las cifras oficiales.

China calcula crear 11 millones de puestos de trabajo urbanos a lo largo de este año y dejar su cifra de desempleo en un 4,5%, y cerrar 2017 con una inflación del 3%.

En un año de transición política, Li no anunció grandes iniciativas económicas. Entre otras medidas, anunció para este año un recorte de 50 millones de toneladas en su capacidad de producción de acero, y el cierre de minas de carbón con una producción de 150 millones de toneladas. También suspenderá o eliminará al menos 50 millones de kilovatios de capacidad en plantas eléctricas alimentadas con ese mineral. “Nos daremos prisa para atajar la contaminación causada por la quema de carbón”, la principal fuente de energía del país, sostuvo.

Una cifra brilló por su ausencia: la partida presupuestaria de Defensa. Es la primera vez en que ese número no figura, como era costumbre hasta ahora, en los documentos anexos al discurso del primer ministro. El sábado, la portavoz de la Asamblea había indicado que crecería en torno al 7% con respecto al año anterior y representaría cerca del 1,3% del PIB, pero no mencionó la cifra exacta. Tomando como referencia los datos del año pasado, debería rondar los 140.000 millones de dólares.


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