El estudio jurídica Foley Hoag fue elegido para ejercer la defensa y representación del Estado Peruano ante la controversia iniciada por el consorcio Nuevo Metro de Lima en contra del Perú, a cargo de la Línea 2 del Metro de Lima.

Como se recuerda, el consorcio -integrado por las fimas extranjeras ACS, FCC, Impregilo y Ansaldo, junto a la peruana Cosapi- comenzó un proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a inicios de febrero. El grupo de empresas reclamó incumplimientos por parte del Estado Peruano en las condiciones de los terrenos destinados a la infraestructura de la obra.

Por ello, hoy en el suplemento de Normas Legales del diario oficial “El Peruano” se autorizó, mediante resolución ministerial, a la directora general de la oficina general de administración para que, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), suscriba el contrato de prestación de servicios de asesoría legal con el mencionado estadio.

De esta forma, el Estado Peruano se preparara para ejercer su defensa. Como se sabe, el consorcio solicitó un pago cercano a los US$260 millones al Estado por los perjuicios generados, tal como señaló el medio español “El Economista”.


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