Gino Alva

Por segunda vez en menos de 30 días, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Luz Salgado, recibió ayer en su oficina al titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, para hablar sobre la investigación del Caso Lava Jato que –en forma paralela– efectúan la fiscalía y una comisión del Parlamento.

En esta ocasión, Salgado y Sánchez estuvieron acompañados por el presidente del mencionado grupo de trabajo, Víctor Albrecht. “Estamos en una línea de coordinación para hacer un mejor trabajo. La información que no sea reservada será entregada a la comisión”, dijo el fiscal de la Nación tras la reunión.

A su turno, Albrecht indicó que se busca “unificar criterios” y mantener “una misma línea en este proceso de investigación”. La cita sirvió para limar asperazas, pero es notorio que existe tensión entre el Ministerio Público y la comisión. Lo ocurrido durante las últimas semanas lo ha puesto en evidencia:

1. El acuerdo de la discordia (18 de enero)
El Ministerio Público rechazó la solicitud de la Comisión Lava Jato para tener acceso al acuerdo preliminar alcanzado con la empresa brasileña Odebrecht para que entregue información sobre los sobornos en el Perú y pague un adelanto de S/30 millones.

La respuesta negativa del Ministerio Público generó críticas de miembros del grupo acerca del trabajo de Castro y al método que utiliza su despacho para conducir la investigación del caso.

2. Los bienes no embargados (19 de enero)
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, reveló al grupo de trabajo que la fiscalía le solicitó que no cogele las cuentas de Odebrecht en Lima, pues era parte de su estrategia.

La revelación de Espinosa en la cuarta reunión de la Comisión Lava Jato ocasionó nuevas críticas a la labor de Castro.“Me parece lamentable que no se hayan tomado las acciones que corresponden para los intereses del Estado”, dijo entonces Marisol Espinoza, secretaria del grupo de trabajo.

3. Autonomía en debate (29 de enero)
En el dominical “Agenda Política”, el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, respaldó el trabajo de Castro y aseveró que él no se puede ser citado de grado o fuerza a la comisión parlamentaria.

“Eso es atentar contra la autonomía del Ministerio Público”, afirmó Sánchez. Agregó que aunque no se perciba todavía, la fiscalía está avanzando en sus pesquisas del caso de Odebrecht.

4. Orden de ausencia (1 de febrero)
El pleno de la Junta de Fiscales Supremos ordenó a Castro no acudir a la invitación de la comisión Comisión Lava Jato, debido a que podría “afectar la reserva de la investigación del caso”.

La respuesta del Congreso fue la esperada: en la comisión se volvió a criticar el trabajo del Ministerio Público e incluso se barajó la posibilidad de acusar constitucionalmente a Sánchez, titular de la junta de fiscales.

5. “No nos van a quebrar” (2 de febrero)
La respuesta de la fiscalía fue casi inmediata. En un comunicado al promediar la medianoche, Pablo Sánchez, aseveró que hay muchas personas interesadas en truncar la investigación del Caso Lava Jato.

“Está claro que hay muchos interesados en bloquear la investigación. No los dejaremos […] Ni a mí ni a los fiscales que estamos empeñados en esta tarea [del Caso Lava Jato] nos van a quebrar”, concluyó.

6. La pugna vuelve a encenderse (7 de febrero)
En conferencia de prensa, el titular del Ministerio Público informó que sintió maltrato de la Comisión Lava Jato cuando él acudió a su llamado y que ello influyó en la decisión de la Junta de Fiscales Supremos de no autorizar la presencia de Castro en el Parlamento.

“Si lo invitan a una casa y lo tratan mal, ¿volvería usted a la casa ante una nueva invitación? No, ¿no es así? No podemos permitir, y la junta lo ha decidido así”, sostuvo Sánchez.

7. Comunicación escrita (8 de febrero)
Un día después, la fiscalía acordó colaborar con el trabajo de la Comisión Lava Jato, aunque solo por escrito. “Vamos a enviar los informes que ellos necesitan de manera escrita”, informó Sánchez.

La reacción del grupo de trabajo fue positiva y sus integrantes consideraron que era una buena forma de acercarse al Ministerio Público. “Lo importante es que colaboremos ellos y nosotros. La participación de Castro por escrito me parece interesante”, declaró a este Diario Víctor Andrés García Belaunde.

8. Fin de la tregua (16 de febrero)
La Comisión Lava Jato volvió a cuestionar la labor de Castro, aunque en esta ocasión por la acusión formulada contra el ex presidente Alejandro Toledo, acusado de haber recibido un soborno de US$20 millones de parte de Odebrecht.

Por ejemplo, Mauricio Mulder consideró que hay una “deficiente imputación” al ex jefe del Estado. Beteta, en tanto, expresó: “Incluir cohecho es básico, fundamental. El delito de tráfico de influencias ya prescribió y no hay delito fuente para imputarle lavado de activos”.


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