El desarrollo del Caso Lava Jato en el Perú ha empezado a acelerarse. Solo en el último mes han sido detenidas cinco personas presuntamente involucradas en un caso de corrupción en la línea 1 del metro de Lima y se ha emitido una orden de captura contra el ex presidente Alejandro Toledo, por supuestamente haber recibido una coima de US$20 millones para favorecer a Odebrecht en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Adicionalmente, el actual gobierno resolvió el contrato de concesión del gasoducto sur peruano (GSP), luego de que el concesionario –un consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero y Enagás– no lograra cumplir a tiempo el cierre financiero.

El caso del GSP, además, es ilustrativo de un problema que podría repetirse a medida que avancen las investigaciones: la paralización de grandes proyectos de infraestructura por su vinculación con el Caso Lava Jato. Tanto Odebrecht como el resto de constructoras brasileñas involucradas en el caso se mantienen hasta hoy a cargo de la ejecución u operación de varias carreteras, represas, hidroeléctricas y otras obras de infraestructura, muchas de las cuales son importantes para cerrar las millonarias brechas que sufre el país.

Por lo anterior, la salida de las empresas cuestionadas de este tipo de proyectos –a través de la venta de su participación en los mismos– podría parecer algo positivo. Pero, a la vez, acarrea un riesgo: que empresas que hayan cometido actos de corrupción retiren del país el grueso de sus activos, afectando así la posibilidad de pagar las eventuales reparaciones civiles que dicte el Poder Judicial en su contra.

Es en este contexto que, el último lunes, el Ejecutivo dictó el Decreto de Urgencia 003-2017, con el objetivo de resguardar el pago de estas reparaciones y buscar, al mismo tiempo, la continuación de los proyectos. Para lograr lo primero, se ha establecido que las empresas que hayan sido sentenciadas por actos de corrupción o hayan admitido cometerlos no puedan transferir sus activos al exterior por un año. Además, para cada caso se creará un fideicomiso, en el cual serán depositados tanto los pagos pendientes que pueda tener el Estado con estas empresas como el dinero obtenido por la venta de sus activos.

Se trata de una respuesta audaz y saludable, pues muestra la proactividad del gobierno para asegurar las indemnizaciones que estas empresas deberán pagar al Estado –una tarea que, en principio, correspondería a los órganos del sistema de justicia–. Más aun cuando dichas empresas, incluyendo a Odebrecht, no han sido todavía objeto de alguna otra medida con ese objetivo (la Sunat ha anunciado embargos a Odebrecht, pero que corresponden únicamente a sus deudas tributarias).

El escenario, no obstante, es menos optimista para el otro objetivo del decreto de urgencia: la supervivencia de los proyectos de infraestructura. La posibilidad de que alguno de estos quede paralizado si se llegase a descubrir actos de corrupción continúa latente, pues un caso así podría devenir en que el contrato se resuelva (si existe una cláusula anticorrupción, como en el caso del GSP) o en que se declare nula la propia adjudicación del proyecto. Produciéndose así la necesidad de una nueva licitación y el consiguiente retraso de algunas obras de infraestructura.

En suma, el gobierno ha hecho bien en intervenir con este decreto de urgencia para cuidar el pago de las reparaciones. La precaución era más que necesaria. Pero ahora su reto consistirá en ser igual de precavido y adoptar acciones para contrarrestar el efecto negativo que la posible paralización de otro proyecto pueda tener en la economía.


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