José Carlos Saavedra
Director de Análisis Macroeconómico en Apoyo Consultoría

El Caso Odebrecht definitivamente va a afectar el crecimiento económico y la generación de empleo este año. La situación de partida no ayuda, pues la economía está débil, y a eso se suma el impacto de los huaicos en algunas ciudades.

Lamentablemente, el impacto de los escándalos de corrupción no está limitado a su efecto directo sobre la economía, generado por la paralización o retraso de proyectos de inversión (que se estima en más de US$1.000 millones menos de inversión o 0,5% del PBI solo este año). El impacto indirecto puede ser mucho más importante y duradero debido a la incertidumbre y la cautela que genera el entorno actual. Hay empresas con buenos proyectos de inversión que los postergarán porque no saben cómo todo esto afectará sus negocios. Hay bancos que decidirán no financiar o encarecer el financiamiento de iniciativas rentables. Hay funcionarios que no firmarán documentos por temer ser el último eslabón de una cadena de decisiones, cuyo origen podría ser irregular. La parálisis es la respuesta más probable a un entorno como el actual.

Esto genera el riesgo de que sigamos creciendo a tasas mediocres, insuficientes para generar empleo de calidad, ensanchar la clase media y mejorar el bienestar de las familias. La economía peruana seguirá subutilizando su potencial y esto generará costos elevados a la sociedad. Varias empresas seguirán operando con capacidad ociosa, con lo que tendrán poca necesidad de realizar inversiones o de contratar mayor personal. El mercado laboral seguirá débil y probablemente la mayoría de personas que ingresen al mercado tendrán que conformarse con un empleo informal, mal remunerado y sin derechos. Muchos egresados trabajarán haciendo algo que no rentabilice lo que estudiaron.

¿Qué pueden hacer el Ejecutivo y el Congreso para evitar que esta mala situación se consolide? Primero, tratar de reducir la incertidumbre lo más pronto posible. Las empresas, los bancos, los trabajadores del Estado y la población necesitan separar “la paja del trigo” para poder subcontratar a una constructora, para poder prestarle a una empresa o para poder firmar la licitación de una obra pública sin temor a que luego aparezca un esqueleto en el clóset.

Segundo, se justifica una mayor expansión del gasto público. El ajuste fiscal del cuarto trimestre del año pasado –intencionalmente o no– fue muy fuerte e hizo daño a la economía. Pero si hay que ver el vaso medio lleno, este ajuste fiscal también ha generado espacio para que el gobierno gaste más, manteniendo la deuda pública en niveles bajos, siempre y cuando se asegure que este mayor gasto tenga un impacto real en el crecimiento económico.

Lamentablemente, la experiencia señala que anunciar un mayor presupuesto no asegura poder gastarlo. Por eso, los esfuerzos deben estar concentrados en los proyectos de obra pública que tengan todos los estudios listos para poder ser ejecutados lo antes posible.

Pero además quizá sea momento de evaluar mecanismos alternativos no convencionales pero más directos para asegurar el impacto en la actividad económica. Una opción es un programa de incentivos para dinamizar el mercado de viviendas sociales, nuevas y formales, con mecanismos de mercado, a través de Techo Propio o incluso Mivivienda (recordemos que, en parte, los huaicos son muy dañinos debido a la falta de viviendas formales). Otra opción es dar incentivos a la contratación formal de trabajadores, de manera agresiva y temporal. La ventaja es que estas dos políticas solo generarían costo fiscal si es que un peruano tiene una casa nueva y segura, o un nuevo empleo formal, por lo que el impacto estaría garantizado.

Incrementar más el gasto público probablemente generará un mayor déficit fiscal en el corto plazo, pero el costo que esto podría generar es mucho menor al riesgo de dejar que la economía se quede atascada en un crecimiento mediocre hasta las próximas elecciones.


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