Lourdes ChauPWC / Socia tax

Las facultades normativas que el Legislativo otorgó al Ejecutivo para modificar el Código Tributario tuvieron como propósito corregir las situaciones inequitativas que el sistema generaba en los contribuyentes. Con las últimas modificaciones algo de ello se ha logrado.

Uno de los problemas que los contribuyentes afrontan en el ámbito tributario es la demora en la resolución de conflictos que se plantean con el fisco por las acotaciones o sanciones que este impone en sus revisiones, y que solo en sede administrativa puede ser de siete años; esto porque además de mantenerse una situación de incertidumbre por largo tiempo, la deuda tributaria sigue incrementándose por el cómputo de intereses moratorios. Las últimas modificaciones disminuyen en parte este efecto negativo ya que: (i) la aplicación de los intereses moratorios se suspenderá si la administración tributaria excede el plazo que tiene para emitir una resolución de cumplimiento; ii) si el Tribunal Fiscal detecta una nulidad en el procedimiento administrativo no debe limitarse a declarar esta, sino que además –si cuenta con los elementos para ello– debe decidir el tema en forma definitiva, lo que evitará que la situación de indefinición se extienda; y, iii) una vez vencido el plazo formal que las entidades tienen para resolver una reclamación o una apelación se reanuda el cómputo del plazo de prescripción que hasta ese momento se encontraba suspendido.

Otro cambio de relevancia es que en casos en que la administración discrepe con el contribuyente de los datos que consignó en la declaración jurada que contiene la determinación tributaria solo se sancionará si existió un monto de tributo dejado de pagar y ya no si hubo una pérdida o saldo a favor declarado indebidamente, lo que significa un reconocimiento a que solo si hay un perjuicio económico efectivo se multará al contribuyente.


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