Paulo Rosas Chávez

Alejandro Toledo puede convertirse en el segundo ex presidente peruano en ser enviado a la cárcel en los últimos diez años.

El juez Richard Concepción, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, decidirá hoy si dicta 18 meses de prisión preventiva para el ex mandatario.

La fiscalía pidió esa medida contra Toledo por la investigación que le sigue por los US$20 millones en sobornos que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht por la licitación de la carretera Interoceánica Sur.

La audiencia se realizará a partir de las 10 a.m. en la Sala Penal Nacional, en el Cercado de Lima.

Paolo Aldea, quien hace unos días asumió la defensa legal del ex mandatario, afirmó la noche del martes pasado que su defendido estaba en París. En una conversación con este Diario, no especificó si Toledo regresará al Perú.

“[Él] goza de libertad como la goza cualquier ciudadano”, dijo Aldea, quien además contó que la última vez que conversó con el ex presidente fue el martes.

Sin embargo, Eliane Karp afirmó ayer que su esposo “con gusto” regresaría al país “si hubiera garantías de una justicia imparcial y no politizada”. Lo dijo al responder un comentario del mensaje que publicó en su Facebook a raíz del allanamiento de su casa en La Molina.

—Estrategia y opiniones—
El abogado Aldea adelantó ayer a este Diario que antes de la audiencia de presentará ante el Poder Judicial una tutela de derechos contra la investigación preparatoria iniciada por la fiscalía contra Toledo.

“Vamos a exigir que el juez previamente se pronuncie sobre la validez que el fiscal Hamilton Castro [a cargo de la indagación a Toledo] haya solicitado la apertura de un nuevo proceso penal por los mismos hechos”, indicó Aldea.

El abogado se refería a las pesquisas contra Toledo por los casos Odebrecht y Ecoteva, ya que en ambas es investigado por lavado de activos.

Aldea además reiteró que pedirá la prescripción del delito de tráfico de influencias, por el que también se indaga a Toledo en el caso de las coimas de Odebrecht. Alegó que los hechos imputados al ex presidente ocurrieron en el 2004 y, según argumentó, el delito prescribió 8 años después.

Para el abogado penalista Carlos Caro, es poco probable que la prescripción se dé porque la indagación recién comienza y todavía no se ha determinado exactamente cuándo se dieron los hechos.

Mario Amoretti, también penalista, consideró que, así se dé la prescripción de tráfico de influencias, el delito de lavado de activos tiene una pena más severa. Recalcó que en la investigación preparatoria pueden incluirse otros presuntos delitos.

Amoretti dijo, además, que si bien en el Caso Odebrecht se investiga a Toledo por lavado de activos, esto no afecta la pesquisa del Caso Ecoteva, ya que ambas indagaciones son independientes.


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