Un juez federal de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, ha bloqueado este viernes a nivel nacional la orden ejecutiva firmada por el presidente, Donald Trump, la semana pasada que prohíbe el ingreso de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana a Estados Unidos.

La orden de restricción temporal del juez representa un enorme reto a la medida de Trump, aunque el Gobierno podría apelar el fallo y lograr que la política siga vigente.

El juez de Seattle, James Robart, ha hecho efectiva su decisión de forma inmediata este viernes, lo que sugiere que las restricciones a los viajes se podrían levantar enseguida.

«Es un día maravilloso para el Estado de derecho en este país», ha declarado el vicefiscal general del estado de Washington, Noah Purcell. El fiscal general del estado, Bob Ferguson, ha confirmado que con esta decisión se «cancela el decreto en este momento», indicando que espera que el Gobierno federal respete el fallo.

El decreto del presidente republicano, firmado el 27 de enero, provocó el caos en los aeropuertos de Estados Unidos el fin de semana pasado, cuando varios viajeros en el extranjero fueron retirados de sus vuelos hacia Estados Unidos.

La demanda de Seattle fue presentada por el estado Washington y a ella se sumó posteriormente el estado de Minnesota. El juez Robart determinó que los estados tienen derecho legal a demandar, lo que podría ayudar a fiscales generales demócratas a enfrentar a Trump en otros temas además de la inmigración.

La decisión se conoció el día en que fiscales de cuatro estados acudieron a tribunales para presentar medidas contra el decreto de Trump. El Gobierno justificó la medida debido a razones de seguridad nacional, pero sus opositores consideran que es una orden inconstitucional que persigue a personas por sus creencias religiosas.

El Departamento de Estado ha anunciado, también este viernes, que unos 60.000 visados emitidos previamente a ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen fueran invalidadas como resultado de la orden, poco después de que la prensa citara una cifra de 100.000.

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos ha tildado de «indignante» la suspensión temporal dictada por este juez federal y ha adelantado que sus abogados apelarán esa decisión.

«El Departamento de Justicia presentará lo antes posible una petición de emergencia para suspender esta indignante orden y defender la orden ejecutiva del presidente», ha apuntado la Casa Blanca en un comunicado.

La Casa Blanca recordó en su texto que el presidente «tiene la autoridad constitucional y la responsabilidad de proteger a los estadounidenses» y que la orden que aprobó hace una semana «tiene como objetivo proteger al país».


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