La comisión que investiga el caso Odebrecht pidió al Poder Judicial impedir que las empresas brasileñas sometidas a pesquisas por presuntos pago de sobornos vendan sus activos.

“Se ha pedido que los activos de estas empresas que de manera irregular ganaron contratos o licitaciones estatales sean cauteladas por el Estado para garantizar la reparación civil”, dijo Víctor Albrecht, manifestó el presidente del grupo de trabajo del Congreso.

Indicó que el acuerdo multipartidario en su comisión exhorta al Poder Judicial a dictar las medidas necesarias con la finalidad que no se vendan los activos de las empresas brasileñas que están siendo investigadas por presuntas coimas o dádivas.

El caso en contexto. El pasado 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la constructora brasilera reconoció el pago de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos, para adjudicarse obras públicas entre 2005 y el 2014. En esos años gobernaron Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16). A cambio de las coimas, Odebrecht se benefició económicamente por más de US$143 millones.

Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez, Quiroz Galvao, entre otras empresas brasileñas que operan en varios países de la región, son investigadas en Brasil en la llamada “Operación Lava Jato” (lavadero de autos), un esquema de sobornos empresariales para manipular las licitaciones, sobrefacturar las obras y luego distribuir el excedente, de acuerdo a investigaciones periodísticas.

La Contraloría General de la República reveló que los contratos suscritos con Odebrecht entre 1988 y 2015 causaron al Perú un presunto perjuicio económico de 283 millones de dólares. (Con información de Andina)


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