RENÉ ZUBIETA PACCO

Desde el gobierno peruano se siguen planteando medidas para defender los intereses del Estado en los traspasos que haga Odebrecht, empresa brasileña vinculada al pago de millonarias coimas entre el 2005 y 2015 para adjudicarse obras en nuestro país.

Los planteamientos se hicieron a raíz del interés del fondo de inversión canadiense Brookfield y la petrolera china CNPC de adquirir la participación que tiene la firma brasileña en el proyecto del Gasoducto del Sur. La compañía anunció el año pasado que vendería su paquete accionario, equivalente al 55%. Ello en medio de una crisis por investigaciones por presuntos actos de corrupción, en lo que se conoce como el caso Lava Jato.

“…Cuidando el debido proceso, no vamos a permitir que Odebrecht se beneficie de cualquier venta de sus posiciones en el Perú y nosotros estamos preocupados en defender los intereses de los ciudadanos y del Estado”, ha señalado el titular del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. Por su parte, el ministro de Economía, Alfredo Thorne, ha referido que “si es que vende no cobraría su participación por el Gasoducto del Sur, ese dinero pasa a ser garantía en caso haya eventos de corrupción. El dinero que se recaudaría iría a una garantía y esa garantía la va a poder cobrar Odebrecht si es que limpia su trayectoria sobre los casos de corrupción [que enfrenta]”.

—Posibles mecanismos—
Consultado por El Comercio sobre las intenciones del gobierno, el ex procurador anticorrupción César Azabache señaló que una posibilidad, que no requeriría la vía judicial, sería un acuerdo entre Odebrecht, el Estado y un tercer actor que sería el comprador de la participación de la empresa brasileña.

“Basta que las partes acuerden que esos montos sean depositados en una cuenta de garantía -le llaman cuentas Escrow, es algo semejante a un fideicomiso- bajo condiciones. De modo que esos fondos no se pueden liberar hasta que al Estado le hayan liquidado el monto exacto de la reparación que debe recibir a consecuencia de los actos de soborno”, comentó Azabache.

Así, la otra empresa pagaría el precio por la participación de Odebrecht, pero el dinero no llegaría a la constructora brasileña, sino que se depositaría en otra cuenta congelándola bajo instrucciones.

Para el especialista en derecho penal Carlos Caro, si bien la negociación puede ser una vía más rápida y efectiva, depende de la buena voluntad de las partes. “Si no hay acuerdo, la única opción es que el Estado recurra a la vía judicial. Por ejemplo, a través de la Procuraduría, pero eso tiene sus limitaciones, porque tienes que tener un caso construido”, indicó.

Es decir, el Estado tendría que recurrir a una acción penal con una medida cautelar que precise los cargos o delitos y los participantes para que el juez tenga las herramientas para decidir. “Por eso yo creo que Odebrecht ha estado tratando de negociar con la fiscalía para que pueda hacer sus pagos adelantados y no se le pueda tocar en otros ámbitos. Está tratando de custodiar sus intereses en los contratos vigentes”, agregó Caro.

—¿Y la cláusula anticorrupción?—
Cabe recordar que en el caso del gasoducto, el contrato contiene una cláusula que establece el retorno de la concesión del proyecto a manos del Estado si se descubrieran hechos de corrupción vinculados a la licitación y otorgamiento del contrato.

Ante ese panorama, ¿qué pasaría con el comprador de la participación de Odebrecht? Para Azabache, la cuestión sobre la venta no interfiere con la vigente cláusula anticorrupción, sobre la que -según consideró- se debería establecer el momento desde el cual estará disponible y cuánto afecta a la fianza del proyecto.

“Quien compre (los activos de) Odebrecht después de la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sabe que está comprando a una empresa que arrastra un enorme pasivo contingente; que paga un precio que será retenido y que buena parte de los activos que tiene a la vista pueden revertir a dominio del Estado. Lo que el Estado no debe hacer es ‘mejorar’ estas condiciones a favor del vendedor, y eso se obtiene precisamente convirtiendo el precio en un activo líquido a favor del Estado y no del vendedor”, manifestó.

Por su parte, Caro refirió que la cláusula no cambia así Odebrecht venda o no sus acciones. “Los potenciales compradores están analizando su situación de riesgo. Si en algún momento hay una condena, la situación se complica”, sentenció.

Ayer, el ministro de Economía precisó que el consorcio del gasoducto, del cual forma parte Odebrecht, tiene hasta el 24 de enero para demostrar que tiene el financiamiento para ejecutar el proyecto. En tanto, en noviembre pasado, el titular de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, adelantó que una alternativa es volver a licitar el proyecto para llevar el gas al sur del país.

“Nuestra lucha hoy es para preservar el derecho de existir para tener tiempo y condición de vender algunos activos, para terminar las obras iniciadas y generar la caja necesaria para pagar las reparaciones”, dijo Mauricio Cruz Lopes, presidente de Odebrecht Latinvest en el Perú, al diario “La República” el pasado domingo.


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