Nicolás Castillo

Si bien las previsiones de crecimiento para el 2017 se muestran más auspiciosas que las cifras que deja el año que se fue, también es cierto que para que estas se concreten, el Gobierno debería poner especial énfasis en aquellas reformas que le permitan continuar cosechando algo más que números positivos.

Pero, para que esas reformas surtan efecto y, como consecuencia, la economía continúe creciendo, es necesario reducir el déficit de infraestructura y los altos índices de informalidad, dos de los desafíos más importantes que deberán enfrentar Pedro Pablo Kuczynski (PKK) y su gabinete durante el año que recién empieza.

INFRAESTRUCTURA
Pasando revista a la situación actual, la brecha en infraestructura estimada por AFIN y la Universidad del Pacífico (UP) para el período 2016–2025 asciende a US$159.549 millones, lo que supone una inversión anual de US$15.955 millones. Es decir, para cubrir las necesidades de siete sectores, es necesario destinar 8% del PBI.

Si bien los sectores que concentran la mayor demanda de infraestructura son transporte y energía, no deja de llamar la atención el hecho de que aquellos que están enfocados en la provisión de servicios sociales básicos como salud, agua y saneamiento y educación, representen el 23% de la brecha total.

Pero, si durante este año y el próximo –como asegura el BCR–, la economía peruana sustentará su crecimiento en la ejecución de los principales megaproyectos entregados en concesión y en los anuncios de nuevas concesiones, ¿será posible avanzar en la reducción de la brecha en infraestructura?

Haciendo eco de sus propias promesas de campaña, el gobierno de PPK culminó el 2016 con la aprobación de tres importantes reformas encaminadas a favorecer la inversión. Así, se priorizó la ejecución de 55 proyectos que suman cerca de US$15.000 millones, lo que aunado a los proyectos en proceso de destrabe (US$10.000 millones), se reflejaría en un impulso a la inversión a partir del 2017, según el ministro de economía Alfredo Thorne.

Pero aunque dichas cifras entusiasmen a muchos, aún están lejos de cubrir la brecha. Para Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, la urgencia de contar con un plan nacional de infraestructura (tarea de la que se hará cargo Pro Inversión) se hace cada vez más evidente, pero basado en una apropiada selección y priorización de proyectos consensuados, que cierren brechas y no correspondan a impulsos políticos.

“Esperamos que se lance el primer plan, aunque sea a dos años y luego se podrá añadir más años. Esto es necesario para atraer más postores, pero alimentar el fondo de infraestructura es otra señal que estimulará a los inversionistas. Un país que cuenta con un plan a mediano plazo y un fondo de infraestructura, que logra ejecutar proyectos en tiempo y presupuesto, es atractivo para invertir, es un lugar seguro y confiable. De eso se trata”, refiere.

Aunado a ello y, tras la aprobación de la reestructuración, fortalecimiento y descentralización de Pro Inversión, Flavio Ausejo, profesor de la Escuela de Gestión Pú- blica de la UP, pone en duda los resultados que se esperan lograr con esa medida. No solo porque no ve con buenos ojos la inclusión de personas independientes en su directorio, sino porque tampoco confía en la capacidad de las regiones para mejorar la calidad de los proyectos.

“Pensar que con eso se va a mover en 10 puntos la ejecución presupuestal, no lo sé. Necesitamos ver el reglamento porque tal y como está planteada la reestructuración, estamos hablando de un Pro Inversión difuso, pero hay que mirar esas decisiones en términos positivos”, sostiene.

Por lo pronto, Gonzalo Prialé considera que aun cuando las APP, las iniciativas privadas y el mecanismo de obras por impuestos, junto con las obras públicas, son los vehículos que el país necesita para cerrar la brecha en infraestructura, “Este año se podría llegar a gastar US$3.000 millones en proyectos de APP destrabados, más otros US$2.000 millones en nuevas adjudicaciones de iniciativas estatales en el tubo de Pro Inversión hace años”.

INFORMALIDAD
En tanto que lograr que se destine el 8% del PBI (US$15.955 millones) al cierre de la brecha en infraestructura, como sugiere un estudio de AFIN, se podría alcanzar recién en el 2019, aunque “un objetivo razonable sería que al menos 3,5% del PBI anual se invierta en APP”.

En cuanto al tema de la reducción de la informalidad –de 71% a 40% en el 2021–, las políticas del Gobierno dirigidas, hasta el momento, para alcanzar este objetivo son mínimas e insuficientes, según los especialistas.

 

No obstante, hay reformas como la educación y salud que, en el largo plazo, tendrán efectos positivos en la reducción de informalidad, añaden los expertos. Por el lado de las políticas dirigidas, el Gobierno ha dado normas tributarias que buscan incentivar la formalidad. Pues, aprobó un beneficio para que las pequeñas y medianas empresas puedan obtener recuperación anticipada del IGV siempre y cuando realicen compras de bienes de capital.

Asimismo, aprobó el Decreto de Sinceramiento de Deudas, para que las obligaciones tributarias de una UIT o menos, de las pequeñas y medianas empresas –con facturación inferior a 1.300 UIT al año–, sean condonadas.

También aprobó que los trabajadores domiciliados puedan deducir los gastos de vivienda (alquiler e intereses de créditos hipotecarios), honorarios médicos y odontológicos, servicios profesionales y las aportaciones a Essalud que realicen los empleadores por sus trabajadores del hogar para determinar su Impuesto a la Renta, hasta el límite anual máximo de tres UIT.

Los grandes retos de la economía peruana para el 2017

Para el profesor e investigador de la UP Pablo Lavado, todas estas medidas tributarias tendrían poco impacto significativo en la informalidad.

El economista argumenta que el 88% del empleo informal está concentrado en las empresas de entre 1 y 10 trabajadores y la principal causa de la informalidad, en estas unidades productivas, es la baja productividad de los trabajadores, asociada a sus bajos niveles educativos, tanto en calidad como en cantidad.

En el mismo sentido Arturo Tuesta, socio líder de Servicios Legales y Tributarios de PwC, sostiene que en el Perú hemos tenido regímenes tributarios como el RUS y el RER que en el tiempo no han logrado formalizar a nadie. De la misma opinión es Jorge Toyama, abogado laboralista del estudio Miranda & Amado.

El especialista dice que, por ejemplo, los sobrecostos laborales tampoco están entre las principales causas por las que las microempresas son informales.

Señala que, en la actualidad, el costo laboral para las microempresas está en financiar a sus trabajadores 15 días de vacaciones y Essalud. Sin embargo, no se han formalizado.

En el caso del grupo de empresas de entre 11 y 50 trabajadores (pequeñas y medianas), Lavado, de la Universidad del Pacífico, asegura que los factores de la informalidad sí son los altos costos laborales e impositivos que les impide generar utilidades y crecer .

A los factores que afectan la formalidad de este grupo de empresas, Toyama, de Miranda & Amado, indica que está la rigidez laboral. Explica que la rigidez tiene que ver con la poca flexibilidad que tienen las empresas para gestionar las relaciones de trabajo. En esta destaca la posibilidad de modificar condiciones de trabajo, ceses colectivos y desvinculaciones laborales.

Toyama sostiene que somos el octavo país más rígido del mundo en contratación y despido de un total de 140 países, como consecuencia de la rigidez laboral.

“Las empresas prefieren contratar a plazo fijo, ser informales o la tercerización, porque si contratan en planilla es bastante heroico desvincular legalmente”, comenta. Dada la problemática de la informalidad, Lavado recomienda el mayor impulso de la capacitación y programas de reconversión laboral.

Para Toyama se requiere trabajar intensamente en reducir tanto los sobrecostos como la rigidez laboral y, recomienda fomentar una cultura de la formalidad, además de un diálogo social para que no se repita lo que sucedió con la ‘ley pulpín’.

Por su parte, Tuesta sugiere que el gobierno debe encontrar fórmulas para reducir los costos laborales y administrativos, además de las trabas burocráticas. Recientemente, el INEI ha hecho un estudio exhaustivo sobre la informalidad que puede ayudar al Gobierno a hacer sus políticas más precisas.


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