Fiscalía denunciará a implicados en Caso Antalsis

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El preso empresario Martín Belaunde Lossio aparece como jefe de la presunta red criminal en el Caso Antalsis. (Foto: El Comercio)

“No conozco a otra presunta organización delictiva semejante. Esta es la primera de corte interregional que ha habido en el país”, dice una fuente de la fiscalía, vinculada al Caso Antalsis, cuando se refiere a esta supuesta red que habría encabezado en el anterior quinquenio Martín Belaunde Lossio, jefe de campaña de Ollanta Humala en las elecciones del 2006.

La aparente organización tendría entre sus principales integrantes a cuatro ex gobernadores regionales y a un ex presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

El Caso Antalsis –el nombre es por la constructora de origen español que representaba Belaunde Lossio– regresó a las primeras planas el viernes pasado, con la detención preliminar, a pedido del fiscal Elmer Chirre, de Francisco Boza, ex titular del IPD, y su posterior liberación la madrugada del sábado.

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Este es el esquema de implicados en el Caso Antalsis. El presunto jefe de la red es Martín Belaunde Lossio. (Elaboración: El Comercio)

Según la fuente fiscal, la medida contra Boza fue una última acción de emergencia de Chirre antes de que formalice su investigación preparatoria (alistar la denuncia antes del juicio) contra los que, para él, tienen responsabilidad en este caso.

Entre hoy y mañana, según las fuentes fiscales, Chirre presentará cargos por el delito de colusión y otros contra Belaunde Lossio, los ex gobernadores regionales Jorge Acurio (Cusco), José Luis Aguirre Pastor (Madre de Dios), Vladimir Cerrón Rojas (Junín), Gregorio Santos (Cajamarca), así como contra Boza y el publicista y ex gerente de Antalsis Juan Carlos Rivera Ydrogo (financista de las campañas de Humala del 2006 y 2011).

Los mencionados, según la fiscalía, serían cómplices de Belaunde Lossio, jefe de esta presunta organización, y habrían ayudado a conseguir obras públicas a favor de Antalsis. “Esta es una red que tuvo como objetivo realizar delitos de colusión. Y para ese delito se necesitaban obras. ¿Y quién les dio esas obras? Pues autoridades como los gobernadores regionales”, afirmó la fuente.

El Caso Antalsis se conoció en noviembre del 2014. El programa “Cuarto poder” reveló unos correos electrónicos de Belaunde Lossio en los que, además de presentarse como socio de Antalsis, hacía coordinaciones para beneficiar a la constructora, en especial con personajes cercanos a miembros del nacionalismo. Antalsis, de acuerdo con el OSCE, logró licitaciones con el Estado por S/150 millones.

—Versiones—
El fiscal Chirre terminó sus diligencias de la investigación del caso el 12 de setiembre. Sin embargo, tres días antes había obtenido autorización judicial para escuchar las conversaciones telefónicas de Boza por 60 días.

El juez Richard Concepción, quien autorizó las interceptaciones telefónicas y la detención de Boza, indicó ayer en un comunicado que Chirre no le informó oportunamente sobre la conclusión de la indagación preliminar. También dijo que puso en conocimiento de la Oficina de Control Interno del Ministerio Público la actuación del fiscal.

A raíz del permiso mencionado, el 11 y 12 de octubre la fiscalía detectó una información que consideró relevante. “Para empezar, Boza estaba utilizando un número celular que no había consignado en su declaración inicial. En la conversación pudimos escuchar que pretendía obstruir la investigación creando actas con fechas pasadas del Comité Olímpico Peruano, del que era secretario. Con ello buscaba evadir alguna responsabilidad. Al advertir eso nos vimos obligados a pedir su detención preliminar”, indicó la fuente fiscal.

Este Diario consultó a Miguel Ávalos, abogado de Boza, sobre lo que la fiscalía dice haber encontrado en esas escuchas. Contestó que eran ilegales porque se dieron después de que venció el plazo de la investigación preliminar del Caso Antalsis.

Respecto a la detención de Boza, Ávalos reconoce que la detención es una medida cautelar válida, pero que esta no cumplió su propósito, ya que, a su criterio, el fiscal aprovechó la situación para continuar su investigación.


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